El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara nulo el modelo 720

El famoso formulario 720 en el que se informaba sobre bienes y derechos situados en el extranjero ha sido anulado por la Tribunal de Justicia de la Unión Europea al declararlo ilegal por sus sanciones excesivas y discriminatorias.

¿En qué consiste el Modelo 720?

El modelo fue establecido en 2013 por la Hacienda española con el fin de prevenir y luchar contra la evasión y el fraude fiscal. Para ello, aquellas personas que dispusieran de más de 50.000€ en el extranjero debían informar al Estado a través de este criticado modelo que debía incluir:

  • Informe sobre cuentas en entidades financieras ubicadas en el extranjero.
  • Informe sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
  • Informe sobre valores, derechos, seguros y rentas depositadas, administradas u obtenidas en el extranjero.

A modo de aclaración, la información recurrente era cuentas bancarias en el extranjero, activos, valores, inmuebles, bonos, préstamos y/o seguros.

¿Por qué el TJUE derriba el modelo 720?

En la mañana del 27 de enero, el TJUE ha criticado duramente a la Hacienda española por el hecho de imponer multas que pueden llegar a 150% . Esto por declarar fuera del plazo establecido o de forma incompleta e inexacta y sostiene que vulnera la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento.

¿Cómo justifica España este modelo?

España se justifica por la necesidad de garantizar la eficacia de los controles fiscales y por la objetivo de luchar contra el fraude y la evasión fiscalsin embargo, la Comisión sostiene que dichas normas van más allá de lograr estos objetivos.

Sobre las libertades en cuestión

El argumento del abogado mallorquín Alejandro del Campo, que puso contra las cuerdas el modelo 720 ante el juzgado de Bruselas, señala que España impone sanciones excesivas a los ciudadanos que incumplan esta obligación o se equivoquen en sus declaraciones, vulnerando el principio de libertad de movimiento de capitales y crear un trato discriminatorio, al establecer una diferencia de trato entre los residentes en España en función de la ubicación de sus bienes.

Asimismo, cabe señalar que la Administración Tributaria puede proceder sin límite de tiempo a regularizar el impuesto adeudado por las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos situados en el extranjero y no declarados, o declarados imperfectamente o extemporáneamente, a través de la “modelo 720”. Por tanto, el Tribunal de Justicia señala que las normas adoptadas por el legislador español, además de producir un efecto de imprescriptibilidad, también permiten a la Administración Tributaria cuestionar una prescripción ya consumada a favor del contribuyente, lo que vulnera el requisito fundamental de seguridad legal.

TJUE

La imposibilidad de beneficiarse de la prescripción

Lo más llamativo de este modelo es la inexistencia de prescripción, sin que el ciudadano pueda acogerse a las reglas de prescripción o eludir la tributación alegando que en el pasado pagó el impuesto adeudado por dichos bienes o derechos.

El Agencia Tributaria Española de la mano de este modelo tenían la potestad de proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto, declararon esta medida totalmente desproporcionada.

Las exorbitantes multas del 150% y su cuantía fija

Esta restricción ha sido declarada totalmente improcedente con respecto a la libre circulación de capitales, a todos los contribuyentes que no pudieran acreditar que sus bienes o derechos en el exterior fueron adquiridos a través de rentas declaradas y gravadas, se les impondría automáticamente la elevada multa 150%. A su vez, se le deberá sumar la multa de cuantía fija que determine la administración tributaria en función de si aportan datos incompletos, inexactos o falsos, o también si no facilitan la información requerida o no lo hacen en los plazos o formas establecidos. .

Estas actuaciones tendrán la calificación de “infracción tributaria” y conllevarán la imposición de una multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, incompleto, inexacto o falso. También combinado con un mínimo de 10.000 euros, y 100 euros por cada dato o conjunto de datos declarados fuera de plazo o no declarados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando hubiera obligación de hacerlo, con un mínimo de 1.500 euros. El TJUE ha señalado que se trata de una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales.

Próximos pasos

La legislación española debe ahora darse prisa en reformar los puntos del modelo y poder pedir al TJUE su legalidad a partir de ahora. El TJUE no ha declarado ilegal todo el modelo, sino solo algunos detalles, principalmente el plazo de prescripción y la cuantía de las sanciones, son los dos puntos principales a corregir. Además, se ha señalado que se trata de una declaración informativa, por lo que el modelo sigue siendo válido.

Artículo escrito por Joan Ubric y Antoni Queralt.

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